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Las normativas COVID han costado más de 500 millones al comercio

Según Asedas, los establecimientos han tenido que aplicar 7,5 nuevas normas cada día desde que comenzó la pandemia.

Las normativas COVID han costado más de 500 millones al comercio

La pandemia y sus restricciones han afectado fuertemente al comercio durante 2021, hasta el punto en que los establecimientos comerciales han tenido que aplicar 7,5 normas nuevas cada día, sumando un total de 2.743 durante todo el año. De ellas, 2.025 han estado relacionadas directamente con la COVID-19, lo que refleja una media de 5,5 normas diarias en este ámbito.

Estas cifras suponen una ligera mejora respecto a 2020, cuando el comercio soportó un total de 3.276 normas nuevas (8,9 diarias). Sin embargo, están muy lejos de las registradas en 2019, que ascienden a 476; es decir, 1,3 normas diarias. Son datos facilitados por Asedas, la Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.

Según Asedas, este "importante" incremento normativo, que se prolonga durante los dos últimos años y que afecta a la legislación europea, nacional y autonómica, está suponiendo un "gran esfuerzo" económico y de personal para las empresas de distribución, que han debido dedicar una gran cantidad de recursos administrativos y técnicos al seguimiento de las nuevas normas y a su aplicación.

Y es que las normativas COVID han supuesto un coste para el comercio de 514 millones de euros, según el informe Nuevos costes soportados por el sector comercial en España, publicado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE en marzo de 2021.

En las primeras semanas de 2022, la gestión de las bajas laborales derivadas de la sexta ola de la pandemia, ha obligado a algunas empresas a triplicar el personal administrativo dedicado a ello. No obstante, Asedas confía en que la evolución positiva de la crisis sanitaria permita reducir esta presión normativa en las próximas semanas.

"El comercio en general, y la distribución alimentaria en particular, han demostrado desde los primeros momentos de la pandemia una gran responsabilidad a la hora de aplicar las medidas de seguridad necesarias para la protección de clientes y empleados, a menudo adelantándose a la legislación", asegura Ignacio García Magarzo, director general de Asedas. Por lo tanto, señala la "urgencia" de una vuelta a la normalidad normativa, bajo los "principios de confianza y racionalización", para liberar recursos tanto de las empresas como de las administraciones públicas con medidas como, por ejemplo, "la práctica del silencio positivo".

Un futuro de color gris

De cara al futuro, preocupan los costes asociados a otras reglamentaciones, especialmente las relacionadas con el medioambiente que están en período de discusión parlamentaria, como el impuesto a los envases de plástico no reutilizable, que podría suponer para las empresas un coste de 245 millones de euros; o el impuesto al depósito en vertedero, que alcanzaría 16 millones de euros.

A ellos, hay que sumar los costes que ya se están soportando, como la tasa Sandach de residuos orgánicos, que asciende a 130 millones de euros; la sustitución del plástico de un sólo uso, que suma 42 millones de euros; o el impuesto a gases fluorados, que ha costado 33 millones de euros y que se puede ampliar en un futuro próximo.

Asimismo, Asedas apunta a la importancia de los costes soportados directamente por el consumidor, como el incremento del IVA en las bebidas azucaradas, que alcanza los 220 millones.

"Nos preocupa la carga normativa, en muchos casos asociada a nuevos impuestos, que se pretende aplicar a través de varios proyectos legislativos en tramitación. Esto podría afectar a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo de distribución alimentaria que tenemos en España y que es capaz de asegurar el acceso a una alimentación variada, completa, segura y a precios competitivos a menos de 15 minutos de la gran mayoría de los consumidores", explica García Magarzo.

El director general de Asedas asegura que la distribución está plenamente comprometida con los objetivos medioambientales recogidos en la Agenda 2030, pero defiende que la manera de alcanzarlos no es a través de una carga impositiva extraordinaria, que puede dañar la competitividad empresarial teniendo un efecto contrario al deseado.