Los tres directivos advierten de que las grandes socimis ya reparten todos sus beneficios vía dividendos, por lo que la medida gubernamental de gravar el porcentaje no repartido “no tendrá el menor efecto práctico”. Ahora bien, al separar la normativa española de la del resto de países, “se siembran dudas sobre la seguridad jurídica del mercado inmobiliario en España, lo que podría provocar la salida de los fondos de pensiones y demás inversores institucionales de nuestro mercado”.
A su juicio, más que cambiar la fiscalidad, sería desable incentivar a aquellas socimis que cumplen con el estándar internacional en torno al free float, que en la mayoría de países es más exigente que en España. “En vista de cómo han evolucionado los reits en otros países europeos, sería buen momento para incentivar a aquellas socimis que tienen al menos a un centenar de accionistas, cada uno de ellos con participaciones inferiores al 5%. Sería una fórmula eficiente para impulsar la aportación social de las socimis sin necesidad de afectar a la imagen de España ante los inversores internacionales. De ese modo, se evitaría castigar a quiénes no hacen negocio de la vivienda pero sí facilitan la diversificación y la estabilidad del conjunto del sector inmobiliario”.
Los responsables de las tres compañías han subrayado que las grandes socimis cotizadas apenas cuentan con alquiler de vivienda en sus carteras, por lo que no son responsables del alza de los precios en determinadas ciudades. En cambio, a juicio de los tres, en realidad las socimis ayudan a mitigar el problema, ya que ofrecen una alternativa inmobiliaria no especulativa para los inversores particulares, quienes hasta la aparición de las socimis se limitaban casi siempre a comprar pisos para alquilarlos y posteriormente revenderlos, una de las causas de la crisis de 2008.
En la misma jornada, Antonio Sánchez Recio, socio responsable de construcción y servicios de PwC, y Marco García Guerra, director real estate de PwC, presentaron un estudio sobre el papel de las socimis en España. Según sus datos, en 2019 al menos el 77% de los inversores de las socimis cotizadas en el Mercado Continuo fueron inversores institucionales. Adicionalmente, tres de las cuatro sociedades que cotizan en él (Merlin, Inmobiliaria Colonial y Lar España) cuentan con 23.650 accionistas particulares en su accionariado, según sus respectivos libros de registro. En las sociedades cotizadas del MAB, más de un 50% del capital provino de personas físicas y family offices.
El estudio también determina que, entre 2014 y 2019, las socimis repartieron entre sus accionistas más de 2.300 millones de euros en dividendos, que se elevarían hasta 2.878 millones de euros si se tienen en cuenta las primas de emisión. En un ejercicio teórico, y considerando un hipotético tipo de gravamen medio del 19%, el importe satisfecho en impuestos sobre los beneficios estaría en torno a 446 millones de euros.
Los tres directivos han puesto en valor el protagonismo de las socimis en la recuperación, diversificación y máxima profesionalización del sector inmobiliario español. “Desde 2015, hemos ayudado activamente a que el sector sea más profesional, diverso, estable y homologable con el resto del mundo. No tiene sentido que se penalice nuestro régimen fiscal actual, que es el habitual internacionalmente, porque así lo único que se conseguirá será la salida de buena parte de los inversores internacionales de nuestro país”.
Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, subrayó que su compañía ya reparte todos sus beneficios a los accionistas vía dividendos, por lo que un cambio de régimen fiscal no le afectaría. Sin embargo, cree que “ese posible cambio ha generado una corriente de desconfianza entre inversores internacionales. Para ellos, la seguridad jurídica es un requisito esencial a la hora de invertir en otro país, y podrían marcharse si considerasen que en el futuro sus inversiones en España pueden correr peligro”.
Miguel Pereda, consejero de Lar España y consejero delegado de Grupo Lar, valoró que el cambio de régimen fiscal no solucionará el problema del alquiler de pisos, ya que en su conjunto las socimis gestionan menos del 4% del parque total de viviendas en alquiler. Cree que sería más útil demandar a las socimis un plan industrial asociado a su actividad y apoyar a las que cuentan con un porcentaje mínimo de minoritarios, para favorecer así la inversión de particulares, como sucede en muchos otros países.
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, recordó que las socimis han jugado un papel esencial en la recuperación del mercado inmobiliario en España. “Tenemos la obligación de tener arrendados los activos un mínimo de tres años, por lo que nunca realizamos inversiones especulativas a corto plazo. Nueve de cada diez inversores en socimis del Continuo son fondos soberanos, de pensiones y de inversión, así como instituciones financieras internacionales no especulativas, Fidelizarlos y tenerlos a favor resulta indispensable si queremos tener un mercado inmobiliario diversificado, estable y sostenible a largo plazo”.