La primera de las fases se ha desarrollado desde el 15 de marzo hasta la reapertura. La compañía ha ofrecido ventajas a los inquilinos obligados al cierre forzoso establecido en el estado de alarma y que estuvieran al día de sus obligaciones contractuales. Han recibido una bonificación del 100 % de la renta desde el 15 de marzo hasta el primer día que acontezca el fin del cierre forzoso o el 31 de julio. Los inquilinos siguen pagando los gastos comunes y renuncian a ejercer cualquier acción futura en relación al COVID-19.
La segunda fase abarcará desde la reapertura hasta el 31 de diciembre. Esta nueva política incluirá a los inquilinos que hayan estado afectados por la suspensión de apertura o una limitación muy severa para operar que estuvieran al día de sus obligaciones contractuales. Supone una bonificación parcial durante el resto de 2020, progresiva desde el 60 % de junio al 10 % de diciembre. Los inquilinos prorrogan contrato hasta 2022, siguen pagando gastos comunes y renuncian al ejercicio de acciones legales. Han aceptado estas condiciones el 90 % de los arrendatarios posibles en sus centros comerciales.
La compañía ha asegurado que parte de su fortaleza se centra en una base de inquilinos de alta calidad, que se traduce en un elevado nivel de cobros. Según sus estimaciones, el impacto en rentas debido al COVID-19 ascenderá a 70 millones de euros.
La compañía ha adoptado diversas medidas para proteger el capital. Así, el CEO, director general corporativo y el equipo directivo han renunciado a toda la retribución variable y al plan correspondiente a 2020 y el Consejo de Administración ha decidido reducir su retribución un 25 %. Esto supone un ahorro de 11 millones de euros. Se continúan los proyectos en ejecución con altos niveles de alquiler y se posponen aquellos proyectos no iniciados que pueden ser aplazados. Se han aplazado 458 millones de euros de inversión.