El plan recoge peticiones concretas para poder compensar parte del paro intermitente y constante de la actividad empresarial, como acabar con la discriminación de los establecimientos ubicados en centros comerciales y reabrir las tiendas que se ubican en estos espacios y recuperar la actividad comercial los fines de semana.
Al mismo tiempo, solicita la supresión de la limitación de 400 metros cuadrados de superficie, la restitución total de la restauración sin limitaciones horarias y la condonación de parte de los créditos ICO concedidos, como compensación de las pérdidas ocasionadas por las constantes restricciones de la actividad sufridas durante 2020 y 2021.
También reclama subvenciones directas a fondo perdido como compensación de la pérdida de actividad, similares a las que se están llevando a cabo en otros países de la UE, la ampliación de los ERTE hasta final de 2021 y aplicación de medidas de reequilibrio de puestos de trabajo que permitan evitar el cierre de las empresas.
El plan incluye la supresión de los impuestos y de las tasas durante los períodos de cierre y reducción de la actividad, así como destinar recursos a un mayor control de las interacciones sociales: hacer tests de antígenos a la población, contar con más rastreadores para evitar celebraciones privadas y más control en el transporte público y en la calle, para minimizar el índice de contagios ahora y en los próximos meses.
Las asociación piden consenso y colaboración con el sector a la hora de decidir sobre las restricciones que afectan directamente la actividad económica; esto permitiría garantizar un equilibrio entre salud pública y económica en tiempos de pandemia y evitar la destrucción masiva de empresas y puestos de trabajo.
El sector empresarial quiere mostrar su "preocupación e indignación ante la falta de planificación y previsión de esta tercera ola pandémica por parte del Gobierno, que no ha ampliado el personal sanitario como tampoco ha provisto a los hospitales de más UCIs disponibles para hacerla frente, y exige una gestión de la situación coherente y de aplicación a todos aquellos ámbitos en los que se produzca interacción social, como son el transporte público o las celebraciones privadas".
El sector económico y las asociaciones de comerciantes piden a la Generalitat que tenga en cuenta la importancia de garantizar la viabilidad del sector para mantener 120.000 puestos de trabajo de los que dependen miles de familias y que ahora mismo penden de un hilo debido a las restricciones.