En un tiempo récord y en aplicación del espíritu del Real Decreto-ley 15/2020, en el que se aborda un marco específico para los arrendamientos comerciales, durante las últimas cuatro semanas los propietarios han venido negociando tanto con grandes operadores como con multitud de pequeñas y medianas empresas para buscar soluciones que faciliten la adaptación de los negocios a los condicionantes de la "nueva normalidad".
Asimismo, conscientes de que se trata de uno de los sectores más castigados por la crisis y de la necesidad de profundizar en alternativas que permitan la recuperación de la actividad, los propietarios de parques y centros comerciales confían en que esta tendencia de consecución de acuerdos seguirá creciendo en las próximas semanas.
En este sentido, señalan que cualquier otra solución desequilibrada podría debilitar a toda la cadena de valor del comercio y, en el caso de los propietarios de centros y parques comerciales, podría incluso generar la quiebra si se produjese una situación de impago generalizada, con las consecuencias que ello tendría sobre el sector financiero, el empleo y la propia economía.
Desde el inicio de la pandemia los propietarios de centros y parques comerciales han mostrado su compromiso con la actividad comercial yendo más allá de lo dispuesto en las normativas de urgencia aprobadas por el Gobierno y tratando de contribuir a la salvación del tejido empresarial y de los puestos de trabajo existentes en el sector. Por ello, además de contener al máximo los gastos corrientes para el óptimo mantenimiento de las instalaciones, han implementado una serie de medidas con el objetivo de aliviar la tesorería de los inquilinos desde el momento de la declaración del estado de alarma y han activado paquetes de inversión para mejorar la seguridad de los activos.
Los promotores, propietarios y concesionarios de los centros y parques comerciales contribuyen, directa e indirectamente, a la generación de empleo estable y de riqueza en España: suman más de 740.000 puestos de trabajo (repartidos a partes iguales entre directos e indirectos) y cuentan con casi 15.000 millones de euros en activos en España, ejerciendo como polo de atracción de inversión.
Representan también un elemento tractor determinante para la actividad económica, al habilitar el desarrollo de actividades de muy diversos sectores, muchas de ellas por pymes y autónomos, contribuyendo a fomentar sinergias empresariales y consolidando una capa intermedia del tejido productivo, fundamental para el crecimiento de la economía.