Esto, en su caso supondrá un ahorro adicional en el IBI u otros impuestos relacionados. En la valoración catastral se aplican una serie de parámetros en función de la realidad del inmueble y su valor de mercado, entre ellos existe un coeficiente que pondera los gastos y beneficios del promotor y que supone un incremento considerable del valor catastral, como apunta FI Group.
Ahora bien, de acuerdo con la reciente sentencia, cuando estos gastos y beneficios no se han dado en un tercero-promotor, sino que quien ha construido explota directamente el inmueble, es injusta su aplicación, pues realmente, tal y como considera la norma, para la aplicación de dicho coeficiente tiene que darse que haya habido una promoción inmobiliaria. En definitiva, “si yo construyo y exploto, no ha habido promotor, por tanto, no se han producido gastos de promoción ni se han dado beneficios del promotor y, en consecuencia, no queda justificada la aplicación de ese coeficiente”, explica la compañía.
Por tanto, esta sentencia permite poder reclamar en aquellos casos en que, por ejemplo, se haya construido directamente el inmueble para su explotación por la misma sociedad, se haya comprado a un autopromotor, se disponga de una concesión administrativa o derecho de superficie, o contratos con limitación de venta. En otras palabras, la finalidad de la construcción no es la venta del inmueble, sino su explotación directa, ya sea llevando a cabo una actividad concreta o, simplemente, para su alquiler a un tercero.
Para todos estos supuestos FI Group, que ha organizado un webinar para el próximo miércoles donde responderá todas las dudas que surjan sobre esta sentencia, considera factible iniciar procedimientos para conseguir esta reducción del valor catastral. Y, de hecho, añaden que lo más importante para todo ello, es “contar con la construcción de una estrategia adecuada, que debe ajustarse a las particularidades de cada caso”.
De esta forma se puede obtener, un ahorro muy significativo en la cuota del IBI, que dependerá del coeficiente que se aplique según la ponencia de valores aprobada en cada municipio.