Los firmantes de este manifiesto son la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Española de Centrales de Compra (ANCECO), las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración (AMICCA), Comertia, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE).
Estas organizaciones representan a más de la mitad de todo el comercio del país, agrupando 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de puestos de trabajo. El sector comercial tiene un peso en la economía española del 13 %. Es el primer sector de la economía española en términos de empleo. Según los afiliados a la Seguridad Social, el comercio empleaba a 3,2 millones de personas en 2018, lo que supone el 17 % del total de afiliados.
Al cumplirse un mes de cierre forzado de los establecimientos y ante la perspectiva de más semanas sin actividad, las organizaciones denuncian que los comercios se enfrentan a una situación sin precedentes, en un escenario de corte radical de ingresos que provocará el cierre de hasta el 50 % de las empresas según los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo.
De forma conjunta, manifiestan la enorme dificultad de afrontar el pago del principal coste de la actividad, los alquileres de los locales comerciales. Reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten mediante un sistema de subvenciones hacer frente al pago de los alquileres durante al menos el período de cierre forzoso, si bien, consideran que el Gobierno debería establecer un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas durante el período de cierre de puntos de venta y el periodo posterior a la apertura. La norma deberá contemplar desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación.
Las organizaciones instan también a la revisión y adecuación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales tanto a nivel de calle como dentro de los centros y áreas comerciales.
Las organizaciones consideran que es preciso crear un foro de diálogo tutelado por las administraciones, que arbitre medidas encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo. De este foro, deben salir medidas temporales de carácter legislativo que deberán estar vigentes en tanto no se restablezca en plenitud la situación anterior.
Las organizaciones solicitan de las administraciones competentes la constitución urgente de una mesa de trabajo que consensue la adopción de medidas inmediatas.