Ismael Aznar, socio de medio ambiente y clima de PwC Tax & Legal, explica cómo está influyendo la Taxonomía europea y los criterios sostenibles en la actividad inversora y el sistema financiero, así como el papel que está jugando en la gestión de los centros comerciales y el sector retail.
¿La Taxonomía europea está empezando a mostrar su eficacia a la hora de dirigir la inversión a actividades y proyectos sostenibles?
Ismael Aznar: Es pronto para llegar a conclusiones definitivas, pero se está avanzando muy rápido. La Taxonomía es la base del Plan de Acción de la UE sobre Finanzas Sostenibles y obliga a las empresas a evaluar si sus actividades son sostenibles medioambientalmente. El Reglamento de Divulgación (SFDR) obliga a las entidades financieras a clasificar sus productos y servicios en función de su sostenibilidad de acuerdo con la taxonomía, lo que afecta a la valoración de los inversores, especialmente a los grandes bancos y gestoras.
Aún queda mucho por normalizar estándares de información y tratamiento de los datos. Este año es el primero en el que las empresas ya reportan en sus cuentas anuales esta información, por lo que esta obligación aún debe consolidarse. Aun así, los inversores ya tienen muy presente la evaluación de la sostenibilidad con arreglo a la taxonomía a la hora de vehicular sus inversiones.
¿El sistema financiero se está mostrando verdaderamente involucrado con los criterios de sostenibilidad?
I.A: El sistema financiero se está volviendo cada vez más consciente de la importancia de los criterios de sostenibilidad y está tomando medidas para integrarlos en sus prácticas y decisiones comerciales. En los últimos años, ha habido un creciente interés en la inversión sostenible y responsable, lo que ha llevado a una mayor demanda de productos financieros que promueven la sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Cada vez más instituciones financieras, desde bancos hasta fondos de inversión, están adoptando políticas de inversión sostenible y responsable y están desarrollando productos financieros que se alinean con estos criterios.
¿Qué cuestiones quedan por terminar de perfilar desde esta normativa europea?
I.A: Se tiene que seguir trabajando en la adaptación técnica de los reglamentos europeos. El legislador, como el supervisor, deben facilitar la implementación de los requerimientos que se presentan en la normativa y aportar criterios claros y específicos para una implementación eficiente, dado que algunas definiciones resultan complejas.
Por otro lado, deberá avanzarse en un marco regulador global. La UE está liderando la integración de la sostenibilidad financiera, pero debe trabajarse en la homogeneización de estándares con otros países fuera de la UE.
El fortalecimiento de la divulgación de información no financiera, su recuperación, análisis y difusión, así como la educación y sensibilización sobre los criterios de sostenibilidad son también aspectos relevantes para promover un crecimiento económico sostenible. Aunque la Green MiFID avanza en la llegada de estas cuestiones al inversor retail, se debe reforzar el conocimiento y conciencia sobre cómo los criterios de sostenibilidad afectan a las decisiones de inversión.
¿Los proyectos que no cumplan estos requisitos de sostenibilidad están fuera del mercado?
I.A: La regulación europea de sostenibilidad financiera no prohíbe la inversión en empresas que no cumplen con los criterios de sostenibilidad, pero permite a los inversores elegir invertir en productos que se ajusten a sus criterios de sostenibilidad. Esto puede afectar a la demanda de productos financieros que no cumplan con los requisitos de sostenibilidad y, por lo tanto, disminuir su atractivo para los inversores. Aunque estos productos no están prohibidos, la nueva regulación puede llevar a un cambio en las prácticas de inversión y decisiones comerciales en el futuro.
¿Se están aprovechando adecuadamente los fondos NextGenEU?
I.A: Buena parte de los fondos va orientada a iniciativas que promueven la transición hacia un modelo económico sostenible y descarbonizado. Puede haber líneas de subvención dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia más o menos atractivas para el sector privado, pero, en general, sí creo que se están orientando adecuadamente y que ofrecen la posibilidad de abordar proyectos de gran interés para nuestro país. Un ejemplo claro son las ayudas dirigidas al impulso de energías renovables e hidrógeno, donde España tiene un potencial tremendo, a la eficiencia energética, a electrificación del transporte o a la economía circular.
¿Cuáles son las áreas en las que los centros comerciales más pueden beneficiarse de estos fondos?
I.A: Los centros comerciales pueden mejorar su eficiencia energética. Las ayudas de los fondos NextGen pueden facilitar inversiones que, además, generarán ahorros en el consumo energético a largo plazo. Además, pueden permitirles apostar por las renovables, implantando instalaciones para autoconsumo. En el ámbito de la economía circular también existen posibilidades, directas o indirectas. En este sentido, se están desplegando ayudas para mejorar la gestión de residuos.
¿Cómo se están tratando otros temas relevantes como la nueva normativa de envases?
I.A: Uno de los compromisos del Plan de Recuperación era la aprobación de una nueva normativa de envases que transpusiese la Directiva europea de 2018 en esta materia. El pasado mes de diciembre se aprobó el nuevo real decreto de envases y residuos de envases, que establece el nuevo marco regulatorio para este importante flujo de residuos.
El Real Decreto establece novedades importantes en la regulación de la responsabilidad ampliada del productor, pero además establece nuevas obligaciones para la prevención de la generación de residuos o el fomento de la reutilización, algunas de ellas con incidencia muy directa en el ámbito de comercio.
¿Qué complejidad está apareciendo para adaptarse a esta nueva normativa?
I.A: Los aspectos más complejos suelen ser los más novedosos y con la aprobación de este real decreto, la responsabilidad ampliada del productor se extiende a envases comerciales e industriales. Esto significa que cualquier empresa que envase productos para estos sectores debe hacerse cargo de sus envases cuando se convierten en residuos, ya sea de manera individual o colectiva. Esta obligación está impactando a muchas empresas hasta ahora no afectadas por este régimen. Además, se exige a registrar y declarar los envases que se ponen en el mercado y la implementación de sistemas de depósito, devolución y retorno para envases reutilizables, lo que puede ser un reto para muchas empresas.
¿Cómo está afectando especialmente a los retailers?
I.A: El retail asume varios retos relevantes. Por una parte, con la responsabilidad ampliada del productor para comerciales tendrá unas obligaciones como poseedor final de este tipo de envases. Ello le va a obligar, entre otros aspectos, a llegar a acuerdos con los sistemas de responsabilidad ampliada para garantizar una adecuada gestión de los residuos de envase.
Por otro lado, algunos comercios, en particular los de alimentación, se ven afectados por obligaciones de impulso a la prevención de residuos o la reutilización, como las dedicadas a impulsar la venta a granel, la prohibición de comercializar fruta en envases de menos de 1,5 kilos o la obligación de ofrecer referencias de envases de bebidas reutilizables.